Una tenue luz que apunta al futuro

Los jóvenes detenidos en los institutos de menores del complejo de Bower, gozan de beneficios exclusivos por su condición. Pueden obtener salidas transitorias, asistir a un colegio fuera de las instalaciones carcelariasy son intocables para los guardiacárceles.

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Córdoba, Arg. - Por día, en promedio, ingresan dos jóvenes a cada uno de los institutos, destinados a albergar a chicos de diferente edad y situación legal. De esta manera se intenta que los menores internos no aprendan, ni se familiaricen aún más con el mundo del crimen. De manera permanente funciona un gabinete psicológico, que brinda asistencia al menor hasta un año después de su liberación. Pero aún así pareciera ser insuficiente para la gran cantidad de chicos que reinciden en la delincuencia y retornan con sus viejos compañeros.
En base al análisis de un equipo de psicólogos y trabajadores sociales, sobre su condición legal, familiar y ambiental, el juzgado de menores de la provincia designará a cada nuevo presidiario el instituto que será su hogar durante el periodo de condena.
Los guardias externos, o en ocasiones policías, acompañan a los jóvenes a la escuela, al hospital, a un centro psiquiátrico en casos particulares y hasta a las visitas familiares que realiza algún interno a su hogar con autorización exclusiva del juzgado. Las visitas familiares son dos veces a la semana, y sólo pueden concurrir los padres. Demás familiares y amigos, necesitan autorización de la justicia.
Por las mañanas los jóvenes internos acuden a los talleres de carpintería, herrería y huerta, a cargo del gobierno provincial. Quienes están autorizados van al Colegio Ilqueren, exclusivo para jóvenes con problemas legales, situado en las proximidades de la Terminal de ómnibus de Córdoba.
Los conflictos son poco frecuentes, y la relación con los guardias internos es relativamente buena. Los llaman "maestros" dado que sólo están allí para cuidarlos y no pueden ejercer violencia contra ellos. Por esto mismo estudian técnicas de reducción y manejo sin dejar marcas en el Colegio de Penitenciaria. Son cerca de 25 guardias para cuidar a más de 150 chicos.
Según su condición judicial y su conducta los internos pueden acceder a salidas transitorias quincenales sin supervisación durante los fines de semana. Si cumplen correctamente los plazos para su regreso y no tienen peleas con otros internos, el juzgado de menores les otorga salidas semanales. Si no regresan el domingo por la noche, son considerados en fuga y se da aviso a la policía y al poder judicial. Pero el viaje hacia el complejo Bower no es sencillo: un solo transporte se dirige hasta allá y su frecuencia es escasa. El paso siguiente son las salidas extendidas, de varios meses, debiendo presentarse en el juzgado cada dos semanas. De no cumplirse son buscados por la policía.
Al momento de la liberación definitiva, son dados en custodia a sus padres o a algún familiar o conocido, ya que no siempre la familia posee los medios para mantener y contener a un menor de estas características. Muchos de ellos consideran a su instituto como su hogar, ya que están allí casi por voluntad propia hasta los 21 años cuando son trasladados a la cárcel de adultos de Bower, donde no hay concesiones ni beneficios especiales.
Contrariamente a los que se piensa, los menores no poseen grandes obstáculos para reinsertarse en la sociedad y conseguir un empleo. Muchos jóvenes liberados han conseguido empleo a través del Programa Primer Paso. Los casos de reincidencia son sobre todo por conflictos de su entorno.

De la utilización al desamparo

El trabajo en situación de encierro, no es sólo un derecho fundamental como para cualquier ser humano, sino además, es un excelente medio para pasar el tiempo, crecer como persona y prepararse para regresar a vida sociolaboral sin inconvenientes. Pero en el penal San Martín, de la ciudad de Córdoba, Argentina, el régimen de trabajo, a raíz de un motín, fue de mal en peor.

Previamente al motín ocurrido en el establecimiento penitenciario N° 2, el régimen laboral no contemplaba las garantías exigidas en la Ley de Ejecución Penal. Sólo había puestos para 300 internos y los horarios de trabajo iban de 10 a 40 horas semanales con una paga bajísima. Este sector privilegiado, de entre los más de 1600 reclusos, estaba a cargo de las tareas relacionadas al funcionamiento del establecimiento (limpieza, mantenimiento, etc.) y a la atención de empleados, guardias y directivos de la penitenciaria. Otros, realizaban labores como, por ejemplo, panadería y fabricación de pastas. En la mayoría de los casos Pero todo esto acabo luego del motín ocurrido en febrero del 2005.
Para prevenir la adquisición de elementos punzantes y la fabricación de armas caseras, se cerraron todos los talleres y se suspendieron las tareas de los trabajadores del penal. Los controles aumentaron y se encrudeció el trato de los guardiacárceles.
Raúl, un ex policía encarcelado en San Martín, declaró a La Mañana de Córdoba, que de haberse generalizado el motín entre todos los internos, podrían haber accedido a la cocina y a los talleres. "Del pabellón nuestro no se plegó nadie (…), fijate que en nuestro sector está la fábrica de pastas y de ahí se podrían haber sacado elementos punzantes, lo mismo que de la cocina o la cantina" explicó Raúl.

La destrucción de las instalaciones fue casi total, por lo que llevaría tiempo acondicionar los talleres y reorganizar el funcionamiento del establecimiento. El 29 de Marzo del 2005, el Ministerio de Seguridad publicó una gacetilla de prensa que afirmaba que "Se están tratando de reconstruir los talleres y el espacio; en este mes y medio se ha reconstruido todo lo que había quedado inutilizado detrás del motín y estamos generando las condiciones para que los internos puedan desarrollar las mismas actividades que anteriormente realizaban. Hoy el Penal está normalizado totalmente". Esta normalización será sólo respecto de la agenda política del Gobierno Provincial, porque en interior del la penitenciaria la situación no ha cambiado demasiado desde las promesas del gobernador.